Formación digital, un derecho para todas las personas trabajadoras
EJECANT
Santander, 21.10.2025 - En un mundo laboral cada vez más digitalizado, el acceso a la formación y, en especial, a la formación en competencias digitales, se ha convertido en una necesidad básica para las personas trabajadoras, ya que las garantiza poder adaptarse a los cambios, mejorar su empleabilidad y contribuye activamente a la competitividad de las empresas.
El derecho a la formación en competencias digitales se enmarca dentro del derecho a la formación que tienen todas las personas trabajadoras, recogido en el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 23 y reforzado por distintas normativas nacionales y europeas. Este derecho se traduce en la posibilidad de acceder a acciones formativas que les permitan adquirir o mejorar habilidades necesarias para el desarrollo de su actividad laboral, entre ellas, las competencias digitales.
La Ley Orgánica 3/2018, que además de los datos personales protege los derechos digitales, recoge el derecho a la educación digital restringido al sistema educativo y menciona, dentro de otro artículo, que las empresas impartirán acciones de formación para su personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas.
Más concreción sobre este derecho aporta la Carta de derechos digitales, documento de 2021 sin carácter normativo, que, en su apartado de derechos del entorno laboral y empresarial, recoge que las personas trabajadoras tienen derecho a la cualificación digital, con la finalidad de adquirir las competencias digitales requeridas en el ámbito laboral para disponer de mayores y mejores oportunidades de empleo.
Además, en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España se ha dado un impulso decisivo a la formación en competencias digitales como motor para la modernización del tejido productivo. el Plan Nacional de Competencias Digitales, también de 2021, contempla intensificar la formación de trabajadores, ocupados y desempleados, para que puedan desarrollar las competencias digitales necesarias para su puesto de trabajo o aumentar su empleabilidad.
A nivel europeo, la Agenda europea de capacidades y la iniciativa Pacto por las competencias hacen un llamamiento claro a reforzar la formación digital como parte esencial de los derechos de los ciudadanos en el mundo laboral.
La incorporación del derecho en los convenios colectivos
Los convenios colectivos son un instrumento fundamental para concretar y adaptar este derecho a las realidades de cada sector o empresa. A este respecto, es obligado comentar que el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado por la patronal y los sindicatos más representativos, dedica un apartado concreto a la transición tecnológica, digital y ecológica en el que apuesta por la formación continua para la mejora de las competencias digitales de las personas trabajadoras que facilite esta transición en la empresa. En algunos casos, los convenios incluyen cláusulas específicas que reconocen la necesidad de formación en nuevas tecnologías, digitalización o transformación digital.
Un derecho que empodera e iguala
El derecho a la formación digital es también un instrumento de inclusión y cohesión social. En un entorno laboral donde las brechas digitales pueden profundizar desigualdades, garantizar el acceso universal a la formación digital ayuda a cerrar esas brechas, especialmente en colectivos vulnerables o en procesos de reconversión sectorial.
Es fundamental que empresas, agentes sociales y administraciones trabajen de forma coordinada para que este derecho sea efectivo, accesible y adaptado a las necesidades reales del tejido productivo. Es un derecho que aún precisa de un mayor desarrollo normativo y apoyo institucional por parte las administraciones públicas que deben impulsar programas y políticas que garanticen la formación en competencias digitales.
En definitiva, la formación digital no es solo un derecho: es una palanca de transformación para personas y empresas. Garantizar este derecho es clave para construir un mercado laboral más inclusivo, preparado e innovador.
Fuente: FUNDAE
Si quieres más información sobre esta noticia, pincha este enlace
Santander, 21.10.2025 - En un mundo laboral cada vez más digitalizado, el acceso a la formación y, en especial, a la formación en competencias digitales, se ha convertido en una necesidad básica para las personas trabajadoras, ya que las garantiza poder adaptarse a los cambios, mejorar su empleabilidad y contribuye activamente a la competitividad de las empresas.
El derecho a la formación en competencias digitales se enmarca dentro del derecho a la formación que tienen todas las personas trabajadoras, recogido en el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 23 y reforzado por distintas normativas nacionales y europeas. Este derecho se traduce en la posibilidad de acceder a acciones formativas que les permitan adquirir o mejorar habilidades necesarias para el desarrollo de su actividad laboral, entre ellas, las competencias digitales.
La Ley Orgánica 3/2018, que además de los datos personales protege los derechos digitales, recoge el derecho a la educación digital restringido al sistema educativo y menciona, dentro de otro artículo, que las empresas impartirán acciones de formación para su personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas.
Más concreción sobre este derecho aporta la Carta de derechos digitales, documento de 2021 sin carácter normativo, que, en su apartado de derechos del entorno laboral y empresarial, recoge que las personas trabajadoras tienen derecho a la cualificación digital, con la finalidad de adquirir las competencias digitales requeridas en el ámbito laboral para disponer de mayores y mejores oportunidades de empleo.
Además, en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España se ha dado un impulso decisivo a la formación en competencias digitales como motor para la modernización del tejido productivo. el Plan Nacional de Competencias Digitales, también de 2021, contempla intensificar la formación de trabajadores, ocupados y desempleados, para que puedan desarrollar las competencias digitales necesarias para su puesto de trabajo o aumentar su empleabilidad.
A nivel europeo, la Agenda europea de capacidades y la iniciativa Pacto por las competencias hacen un llamamiento claro a reforzar la formación digital como parte esencial de los derechos de los ciudadanos en el mundo laboral.
La incorporación del derecho en los convenios colectivos
Los convenios colectivos son un instrumento fundamental para concretar y adaptar este derecho a las realidades de cada sector o empresa. A este respecto, es obligado comentar que el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado por la patronal y los sindicatos más representativos, dedica un apartado concreto a la transición tecnológica, digital y ecológica en el que apuesta por la formación continua para la mejora de las competencias digitales de las personas trabajadoras que facilite esta transición en la empresa. En algunos casos, los convenios incluyen cláusulas específicas que reconocen la necesidad de formación en nuevas tecnologías, digitalización o transformación digital.
Un derecho que empodera e iguala
El derecho a la formación digital es también un instrumento de inclusión y cohesión social. En un entorno laboral donde las brechas digitales pueden profundizar desigualdades, garantizar el acceso universal a la formación digital ayuda a cerrar esas brechas, especialmente en colectivos vulnerables o en procesos de reconversión sectorial.
Es fundamental que empresas, agentes sociales y administraciones trabajen de forma coordinada para que este derecho sea efectivo, accesible y adaptado a las necesidades reales del tejido productivo. Es un derecho que aún precisa de un mayor desarrollo normativo y apoyo institucional por parte las administraciones públicas que deben impulsar programas y políticas que garanticen la formación en competencias digitales.
En definitiva, la formación digital no es solo un derecho: es una palanca de transformación para personas y empresas. Garantizar este derecho es clave para construir un mercado laboral más inclusivo, preparado e innovador.
Fuente: FUNDAE
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